[VOCATIVOS]

Agradezco la oportunidad de participar con Uds. en este encuentro. El tema común de la transparencia, que hoy nos convoca, tiene, qué duda cabe, dimensiones que abarcan la esfera de lo público, las instituciones del Estado, los órganos de gobierno, las empresas públicas y también las empresas privadas y las entidades no gubernamentales. Todos debemos ser responsables y solidarios en la tarea de restablecer la confianza de nuestros ciudadanos en el quehacer político y social.

Me alegra sobremanera saber que este encuentro tiene lugar por quinta vez y entrega un Informe Anual sobre la Transparencia Corporativa. Ello muestra que los incumbentes, que ustedes, no se han interesado en este tema solamente a raíz de la problemática actual, sino que tienen desde bastante tiempo preocupación por los grandes temas de la gobernanza corporativa y la ética empresarial, que son la base moral sobre la cual podemos construir la cooperación público-privada y las buenas prácticas y transparencia que se requiere para que los chilenos vuelvan a confiar, en la política, en los políticos, en la empresa privada, en los empresarios.

Felicito por ello a Chile Transparente, a la Universidad del Desarrollo y KPMG. Espero que lo que voy a comentar acerca de la parte que nos corresponde, la agenda de probidad en el Gobierno y en el sector público, sea útil a sus deliberaciones.

El gran norte que inspira la acción de este gobierno es la igualdad de oportunidades, para decirlo en concreto que la cuna donde nos tocó en suerte nacer no marque necesaria y definitivamente el destino de cada persona. Estamos conscientes de que es y seguirá siendo un norte, muchas veces una promesa no totalmente satisfecha; pero hay dos planos, el de la distribución de la riqueza y el de la calidad de los servicios públicos, en los que nos hemos comprometido a acortar las brechas y asegurar a todos una base sólida de bienestar y seguridad. Es aquello a lo que podemos aspirar como sociedad. Es y ha sido una de nuestras grandes motivaciones y logros primero como Concertación y ahora como Nueva Mayoría.

Sin embargo, hay otro plano en el que la igualdad es un derecho actual, urgente y donde no basta con acortar las brechas. Nos referimos a la igualdad política. En este espacio no podemos tolerar posiciones de privilegio ni visiones relativas. En política, ricos y pobres deben pesar lo mismo, pues el único título que vale es el mandato conferido por el pueblo. En esto debemos ser tajantes y enfáticos: el dinero no es ni puede ser título de poder político.

Al presentar el Informe del Consejo Asesor contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción, la Presidenta de Chile explicó esta relación entre igualdad política y probidad política y vinculó esta agenda con el corazón del Programa de su campaña; lo identificó como su vocación más profunda y refrendó el compromiso para construir un Chile donde no existan abusos ni privilegios.

Por lo tanto, la agenda de transparencia y probidad no es una propuesta más, cuyo cumplimiento quede a la suerte de los recursos de los que dispongamos o del espacio legislativo que podamos buenamente conseguir o acomodarle. Es un compromiso que dice a la esencia, a la razón de ser y a la legitimidad del Gobierno. Lo es, como decimos, porque esta no es una igualdad más. La política está a la base, en las raíces, de otras igualdades. Si podemos esperanzarnos con un país cada vez más equitativo en lo económico y en lo social, no es porque el mercado vaya a producir ese resultado, sino por la forma en que la política pueda intervenir en él, regulándolo sin ahogarlo, por cierto, orientándolo, sometiéndolo a algunos límites que dicte nuestra moral compartida. Si tenemos la expectativa de un país más justo es porque tenemos la legítima esperanza que el crecimiento permitirá recursos públicos que, bien focalizados, seguirán permitiéndonos ir en ayuda de los que más lo necesitan. Pero esa confianza en que la política evitará o a lo menos mitigará concretamente los abusos y las inequidades del mercado, supone y exige que el poder del dinero no vicie la política; que en el plano de la política cada ciudadano y ciudadana tengan igual peso por tener igual dignidad y derechos.

Sin derechos políticos igualitarios bien asegurados, la promesa de los derechos socio económicos se desvanece. Éstos se aseguran con políticas sociales que se tejen en los anhelos de un país más justo, los que típicamente se manifiestan y prevalecen en la política, siempre que en ella haya genuina representación de mayorías sin interferencia indebida de los intereses económicos cuyo lugar propio es el mercado. No decimos que las ideas y opiniones de quienes prefieren un mercado menos regulado, bajar los impuestos o distribuir menos no tengan cabida en la política. Ellas son opiniones, por cierto, legítimas que deben competir en la deliberación pública. Lo que no es lícito es que esas opiniones, o cualquiera otra, prevalezcan por el poder del dinero.

Limpiar la política de la influencia del dinero es también el requisito necesario para reforzar nuestra democracia. Su  fuerza descansa en la credibilidad y en el prestigio de quienes ostentan la representación ciudadana y, por extensión, en los órganos que conforman. El poder en la democracia descansa en la autoridad y ésta depende de que la ciudadanía se sienta representada por aquellos que elige. Hemos sido testigos de cómo daña el prestigio de nuestros representantes y de las instituciones republicanas enterarse que el poder del dinero puede haber influido oscura, subrepticia e indebidamente en sus conductas. Este daño ha sido ostensible, pero bien sabemos que el desencanto no es nuevo, viene de antes y ha tenido preocupantes manifestaciones, incluyendo la progresiva disminución de la participación ciudadana en los procesos electorales. Con envidia miraba yo el fin de semana pasado, más allá de los problemas de transparencia que hay en el país, en Argentina, como el 80% de los ciudadanos argentinos concurrió a elegir a sus autoridades.

Nuestra profunda convicción democrática nos impele a revertir este proceso de deterioro en los niveles de credibilidad y prestigio en las instituciones básicas de la democracia. No hay prioridad mayor o tarea más noble y desafiante. Es por ello que nuestra vocación, voluntad y compromiso prioritario es el de despejar de distorsiones la voluntad ciudadana en sus representantes. La verdad es que podemos equivocarnos y llegar a defraudar a la ciudadanía por no saber representar bien a nuestros representados. Eso, sin duda, frustra, pero no indigna a la gente. Lo que indigna y con razón, es que no haya representación efectiva por la interferencia de otros intereses. Por lo tanto, asegurar la igualdad política es condición de la mayor igualdad socio económica y una necesidad urgente para volver a prestigiar la democracia.

Para que ello ocurra es indispensable que el  financiamiento de la política no distorsione la voluntad de los representados. De lo contrario, la gente sospecha que sus representantes deben favores o están derechamente cooptados. Creemos que el financiamiento de la política, de los partidos y de las campañas debe provenir principalmente del erario público. Los aportes privados pueden ser un complemento, deben provenir de personas de a pie y ser transparentes. A eso responde el proyecto sobre transparencia y financiamiento de la política. Sabemos también que el financiamiento público no es popular, pero más impopular y ciertamente más riesgoso y dañino son los políticos pasando el sombrero en las empresas. El financiamiento público nos permitirá poner exigencias a los partidos políticos, claridad en el ingreso de sus militantes, derechos de participación claros y una gestión y rendición de cuentas mayor y transparente. Esas son las ideas fuerza que inspiran nuestra propuesta en la reforma de la ley de partidos, en actual trámite en el Congreso.

Y para hacer realidad prácticas responsables y transparentes, necesitamos de un órgano de regulación y de control de campañas y partidos más potentes y autónomos. A eso responde la reforma constitucional y legal del Servicio Electoral.

Tenemos, asimismo, que erradicar el fantasma del cohecho, la forma más burda y amenazante de distorsión de la igualdad y representación ciudadana y por ello hemos enviado un Proyecto de Ley para poder detectarlo e investigarlo mejor y aumentar nuestras perspectivas de sanción. Pero no basta con perseguir bien el cohecho. Hay que prevenirlo y nada mejor para hacerlo saber los bienes con los que una autoridad parte y con los que termina en el ejercicio de sus funciones. Por ello, queremos más y mejores declaraciones de intereses y patrimonio, más completas y detalladas, que se basten así mismas. Estas declaraciones deben cumplir una segunda función, no menos importante, cual es la de evitar que los intereses personales de los representantes distorsionen su carácter de mandatarios populares. Hay que asegurarse que no participen de las decisiones en las que puedan tener intereses personales. Para ello, debemos transparentar más y mejor los intereses de toda persona que tome decisiones públicas y a eso apunta el Proyecto de Ley sobre Función Pública pronto a ser publicado y parte de esta agenda.

Hay que asegurar también que las autoridades, especialmente las que están en posiciones de regular el mercado, ejerzan sus funciones libres de promesas de trabajo en el sector que deben fiscalizar. Hay que regular mejor la llamada “puerta giratoria” y a eso responde otra de las iniciativas presentadas. Pero la distorsión de la voluntad no solo se da en la burda forma del cohecho, la promesa de trabajo o el financiamiento. Hay quienes tienen más capacidad que otros de llegar a las autoridades para hacerles saber sus puntos de vista y sus razones. O al revés, a  veces las autoridades están más interesadas en algunos que otros para conversar con ello. El ideal, es que todo debate sobre asuntos públicos sea público y así debe serlo en el Congreso y en sus comisiones, que son la instancia más importante de decisión pública. No corresponde prohibir que una autoridad se reúna y escuche a todos y menos poner micrófonos en cada una de esas reuniones, pero sí queremos saber siempre quién se reunió con quién; los intereses de quién fueron hechos llegar a los oídos de una autoridad. A eso responde la Ley del Lobby vigente.

Para garantizar la igualdad debemos también asegurarnos que ni el amiguismo, ni la parentela ni el compadrazgo político, ni ningún tipo de nepotismo, sean los criterios para seleccionar a quienes deben servir al pueblo como funcionarios. Para reforzar una selección objetiva y profesional de los principales cargos de la Administración Pública debemos fortalecer y ajustar la Alta Dirección Pública, que ha sido una buena experiencia de estos últimos 12 años, pero que puede y debe mejorar. Y justamente a eso apunta otro de los proyectos de la agenda de transparencia.

Hay, además, zonas particularmente sensibles o expuestas a la corrupción, al tráfico de influencia o a ventajas indebidas de quienes están en posiciones de privilegio. Tal es el caso de las compras del Estado, las concesiones, los negocios que se hacen con ocasión de cambios regulatorios en el uso del suelo y varias otras de las decisiones que deben adoptar las autoridades municipales. A disminuir esos riesgos, reforzando la transparencia, apuntan otras iniciativas de la agenda.

Pero la corrupción pública no es la única que nos preocupa y que amenaza la convivencia social. La gente también es llamada a confiar en algunas sociedades o compañías que la invitan públicamente a invertir en ellas sus dineros o a comprar sus productos. El día de ayer fue un día difícil para eso, qué duda cabe. La probidad y la transparencia también deben ser reforzadas en ellas y a este objetivo responden otras de las iniciativas de esta agenda, como las modificaciones al proyecto de la Comisión de Valores o el Proyecto de Ley que regulará el gobierno corporativo de las sociedades anónimas y su ética corporativa. Por cierto, en estas y otras iniciativas esperamos conocer también las opiniones de ustedes.

Un tema central en nuestras propuestas se refiere a las empresas públicas. Estamos plenamente conscientes de que, si pedimos a las empresas privadas y a la ciudadanía en general mantener los más altos estándares de transparencia y buenas prácticas en sus actividades, las empresas que son del Estado y están bajo la dirección del gobierno, deben predicar con el ejemplo. Esperamos muy pronto enviar un Proyecto de Ley que modernice y haga más transparente y eficiente la gestión de las empresas públicas, considerando en ello la forma de designar sus directorios, la existencia de comités de auditoría y las demás normas éticas y reglamentarias a las que cualquier empresa debe someterse. Queremos empresas del Estado que lleven adelante las mejores prácticas para gestionar propiedades y actividades que son de todos los chilenos y jamás pueden servir a los intereses de unos pocos. Pero más allá de la ley, aquí tenemos las cabezas de las empresas del Estado que vía reglamentaria o decisiones de buenas prácticas han hecho una gran tarea en este tiempo, me refiero al Presidente de ENAP y de Codelco.

Esperamos contar en todo este proceso con la confianza y la participación activa del mundo empresarial, en especial quienes más se preocupan de los temas de gobernabilidad, calidad de la gestión y transparencia. Nuestros propósitos coinciden: cuando ustedes quieren que las empresas se gobiernen mejor, que haya mejor regulación y transparencia, es porque creen que es necesario, en el mundo de hoy, que no haya ventajas indebidas y todos compitan en pie de igualdad; y que los recursos de las empresas y los accionistas no se destinen a fines deshonestos, privándolos así de las utilidades a las que tienen derecho. Hay aquí una finalidad ética que compartimos y también un legítimo interés: la corrupción cuesta cara y ese es dinero al cual los accionistas de la empresa tienen derecho.

Esas son algunas de las muchas áreas en que debemos seguir y estamos avanzando para hacer más confiable nuestra convivencia y más real nuestra democracia. Pero que el largo listado de proyectos no nos distraiga ni nos confunda. Estamos operando en el corazón de nuestra convivencia democrática, bregando porque sea verdad que en ella somos libres e iguales. Estamos en la esencia del pacto que nos constituye como colectivo. Los principios o reglas básicas de estas materias son, en muchos países, incluidos en sus Cartas Fundamentales. Estén o no en ese texto, hablamos de la esencia que constituye nuestra democracia: hacer efectiva la promesa esencial de que en ella somos todos libres e iguales.

Por cierto, y voy terminando, en esta área, como en ninguna empezamos de cero, o con una hoja en blanco. Eso no es cierto, más allá de lo que a algunos les gustaría o quisieran creer. En el área de la transparencia, de la lucha contra la corrupción, tenemos que mostrar como país como sociedad, por eso, nuestros calificadores internacionales nos distinguen de otras muchas sociedades. Por cierto que hay problemas, que hay hechos preocupantes, que hay investigaciones judiciales en curso, que son autónomas, y por favor qué importante es esto último, que haya autonomía en la investigación, en el Ministerio Público, en la Fiscalía Nacional Económica, donde sea, en concreto significa que esta sociedad ni sus instituciones toleran la impunidad. Y ese es un patrimonio de nuestro país.

Al final de cuentas, queridas amigas y amigos, de lo que se trata es avanzar en hacernos todos iguales en el terreno de la política, movilizarnos para cambiar toda conducta que pretenda domesticar a la política en los salones o busque crear condiciones para que la política  se sienta atraída por el dinero.

Muchas gracias.