En el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, junto a los ministros del Interior y Seguridad Pública, Mario Fernández; de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz; de Hacienda, Rodrigo Valdés; y de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Campos, firmó esta mañana el proyecto de Ley de Migraciones, que moderniza la normativa existente en esta materia.

La primera mandataria afirmó que “Chile es un buen país para vivir, trabajar o estudiar. Por eso que va a  seguir llegando gente que anhela realizar sus proyectos en nuestra tierra, ya sea porque su país atraviesa por una situación crítica, ya sea por motivos personales. Y son migrantes que, en su abrumadora mayoría, vienen a sumarse al proyecto colectivo llamado Chile, a aportar con su esfuerzo y su honestidad”.

La iniciativa cuenta con cuatro ejes: un sistema de principios, derechos y deberes; la regulación del ingreso, salida y las categorías migratorias; un procedimiento administrativo sancionatorio; y un sistema nacional de política migratoria, con el fin de evitar que las personas sean víctimas de redes de tráfico o de trata. También establece un catálogo de causales de prohibición de ingreso y de expulsión del territorio nacional.

El ministro Mario Fernández explicó que con este proyecto se aborda un fenómeno complejo, ineludible propio de la globalización: “Chile es un país abierto, como dijo la Presidenta, es un país que está incorporado muy directamente a la globalización, por lo tanto, este es un asunto que es inevitable, digamos, pero se crea una nueva categoría, que es la de visitante, que está entre el turista y la permanencia temporal, o sea, son cuatro categorías para los extranjeros. (…) El visitante es alguien que llega y que expresamente señala que viene a trabajar o que viene a realizar alguna actividad específica que no solo es turismo. Antes teníamos solamente turistas y de ahí nos saltábamos a residente temporal y por lo tanto ahí hay una brecha que esta categoría de visitante cubre y esto es para sincerar la presencia de extranjeros que vienen por un tiempo y que vienen a trabajar”.

Fernández descartó la creación de un nuevo servicio dedicado al tema, puntualizando que “la eficiencia no tiene que ver con más burocracia”, y explicó que esa opción había tenido enormes costos, y que se prefirió fortalecer la institucionalidad existente.

“El propio Ministerio del Interior puede centralizar actividades migratorias, por ejemplo el que se soliciten permisos en las regiones, incluso en las municipalidades; eso está a cargo del Ministerio del Interior y puede manejarse según las necesidades. (…) Remite entonces los temas a los ministerios sectoriales: Salud, Educación, Trabajo, Vivienda, etc., dada la complejidad y la fragmentación de tareas que hay desde el Estado hacia los migrantes, era más conveniente tener un ente que está en el Ministerio del Interior, pero flexible para que se puedan atender los asuntos migratorios de manera eficiente”.

La propuesta del Gobierno recoge las preocupaciones y demandas de múltiples actores, pues es fruto de un trabajo participativo y de análisis comparado con otras experiencias y regulaciones internacionales. Este proyecto –que se enviará esta semana al Congreso- busca perfeccionar el rol del Estado en la materia, definiendo claramente los roles de los distintos actores públicos, evitando duplicidad de acciones y facilitando la cooperación entre estamentos.