• Los cuatro imputados por la causa de amenaza con arma de fuego, maltrato de los feligreses y la quema del templo en el sector Truf-Truf, de la comuna Padre Las Casas fueron detenidos en contexto de flagrancia el 10 de junio 2016.
• El procedimiento policial de detención fue declarado legal por el Juzgado de Garantía de Temuco el 10 de junio del 2016.
• El Ministerio Público calificó el hecho como incendio con el carácter de terrorista y ha solicitado la pena de 20 años y un día a los imputados como autores del delito. Por su parte, el Ministerio del Interior, a través de la Intendencia de La Araucanía, procedió de la misma forma.
• En la audiencia de preparación del juicio oral que comenzó el 27 de septiembre se ha solicitado por parte de la defensa mayor información de los antecedentes probatorios presentados por la Fiscalía. El tribunal dispuso un receso de esta audiencia hasta el 10 de octubre.

Frente a la condición de salud que enfrentan los cuatro imputados por la quema del templo en la comuna de Padre Las Casas, el Gobierno declara que:

a)     Solicitará en las próximas horas la modificación de la prisión preventiva reemplazándola por otra medida cautelar, que resguarde de mejor forma la integridad física de los acusados.

Precisamente por este interés, la autoridad ha realizado un monitoreo permanente y coordinado de la salud de los huelguistas, encabezado por el director del Hospital Base de Temuco, doctor Oscar Morales, para entregar información veraz frente a las diversas versiones de su salud.

b)     Esta decisión busca producir las condiciones para que los cuatro ayunantes pongan fin a la huelga de hambre que arriesga su salud e integridad.

Dada esta situación y los antecedentes que vinculan este proceso con determinadas normas deficitarias de nuestro ordenamiento jurídico, el Gobierno ha determinado enviar al Congreso dos iniciativas legislativas para:

• Agilizar la tramitación, con las debidas urgencias, de la reforma a la ley que tipifica conductas terroristas que actualmente se encuentra en el Senado, trasladando completamente los delitos que ella contempla al Código Penal, así como los procedimientos respectivos al Código Procesal Penal.
• Modificar el Código Procesal Penal en lo que respecta a los requisitos y plazos para la prisión preventiva.

El Gobierno espera el apoyo del Congreso para tramitar con la máxima celeridad estas modificaciones legales.